Patrullas cibernéticas

Una operación que parece haberse realizado con el Híspalis, debido a los criterios presentados.

Las primeras investigaciones permitieron localizar ficheros que eran distribuidos con nombres diferentes y algunos de ellos indicaban su contenido pedófilo.

Seguidamente, fueron localizados los usuarios de la red en distintos puntos de España que distribuían este tipo de ficheros, por lo que se acordó la practica coordinada de los registros domiciliarios donde se habían localizado los equipos informáticos utilizados para su distribución.

Uno de los contados casos en los que las imágenes parece que se han producido en España.

Una operación policial que mezcla dos delitos muy distintos y con niveles de gravedad bien diferenciados. Por un lado un productor de pornografía infantil, y por otro los usuarios P2P que pudieran haberse descargado esos archivos.   Archivos que recordemos siguen ahora mismo en las mismas redes P2P después de las detenciones.
 

Detención de 23 personas implicadas en la distribución de las imágenes pornográficas grabadas

Algunas de estas agresiones fueron grabadas en video digital y distribuidas a través de Internet, encontrándose en la actualidad difundiéndose entre los círculos de pedófilos y prolongándose la victimización en tanto los vídeos continúan en estos círculos.

Los videos con las imágenes de la menor estaban siendo distribuidos a través de redes de intercambio de archivos, las denominadas PeerCuando un usuario utiliza su cliente P2P (eMule, Ares, Bittorren, etc...) se convierte en un PEER (un igual). Del mismo modo, cuando un agente se conecta con su rastreador P2P, se convierte en un PEER. No tiene privilegios de administrador sobre las redes P2P. To Peer (P2P), entre pedófilos de todo el mundo.

En una de estas redes existía un importante número de usuarios que poseían y compartían archivos de video conteniendo las grabaciones de la menor, poniéndolas a disposición de todos los usuarios de esta red. Las investigaciones permitieron identificar a varios usuarios en España, así como casi 400 IPs. de usuarios de otros países.

En España se ha detenido a 23 personas en varias provincias españolas en relación a un delito relativo a la prostitución y corrupción de menores, se han practicado 23 registros domiciliarios.

A una sola persona se la han intervenido 12 discos duros que ocultaba en el cuarto de ascensores existente frente a la puerta de su domicilio, y a otro de los arrestados se le han incautado más de 64 Gb. de pornografía infantil almacenada en su ordenador (el equivalente a casi 1 millón de imágenes digitales de calidad media).

Una operación inicada por motu propio de los agentes en base a un único rastro obtenido con un rastreadorUn rastreador P2P es un cliente P2P. En algunas operaciones policiales, los agentes han llegado a usar un eMule Plus similar al que cualquier internauta podría utilizar en su casa. Estos clienes P2P están creados para compartir, no para rastrear. El Grupo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil ha encargado un MOD (modificación) que sirve para recopilar metadatos de las redes P2P, conocido como Rastreador Híspalis. no homologado y sin control judicial:

La operación se originó al detectar los agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica un vídeo de 5 minutos y 46 segundos de duración, en el que se veía de forma clara e inequívoca a una menor de unos cuatro años.

Un criterio policial que traduce milagrosamente unos rastros P2P en conductas dolosas:

Ofrecían un vídeo en el que aparecía una menor de cuatro años

Una operación en la que intuimos, por las características del rastreo,  que se ha utilizado el rastreadorUn rastreador P2P es un cliente P2P. En algunas operaciones policiales, los agentes han llegado a usar un eMule Plus similar al que cualquier internauta podría utilizar en su casa. Estos clienes P2P están creados para compartir, no para rastrear. El Grupo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil ha encargado un MOD (modificación) que sirve para recopilar metadatos de las redes P2P, conocido como Rastreador Híspalis. Híspalis:

La operación se inició el pasado mes de agosto cuando la Guardia Civil detectó en la red “huellas” o indicios que apuntaban la existencia de archivos de imagen y video que podrían contener material pedófilo.

 

Una operación P2P fundamentada en un rastreo P2P sin control judicial y con herramientas no homologadas,  cuyos rastros se traducen por un criterio policial insuficiente en:

Ofrecían un vídeo en el que aparecía una menor realizando actos sexuales

La investigación estuvo basada en un único archivo:

Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica (B.I.T.) detectaron circulando en estas redes un archivo de vídeo de diez minutos de duración en el que se veía de forma clara e inequívoca a una menor desnuda realizando actos sexuales. Las gestiones posteriores permitieron localizar e identificar a los usuarios que ofrecían el vídeo.

Una operación que parece ser la continuación de la operación Canal Grande de 2004:

Una veintena de personas fueron detenidas ayer miércoles en 13 provincias españolas en la llamada Operación Cerbero, que puso al descubierto la existencia de una red de pederastiaAbuso sexual infantil. Es el abuso sexual al que se ha sometido a un niño por parte de un adulto. on-line extendida en 12 países de Europa y Latinoamérica, en la que están implicadas medio millar de personas. Sin embargo, en este caso la distribución de imágenes pornográficas se realizaba a través de un chat público, mientras que en la red destapada en Italia la difusión se hacía por medio del sistema de servicios de archivos compartidos (file sharing), mediante el cual carpetas y archivos que se ponen a disposición de una comunidad de usuarios, ha añadido Castelluzzo.

La Policía italiana y la española colaboraron en la Operación Veneto investigando diversas redes de intercambio de archivos pornográficos de menores. Como resultado e identifica a 31 usuarios españoles deteniéndose a dos de ellos.

El golpe más duro contra la pornografía infantil, hasta el momento, se llevó a cabo bajo el nombre de Operación Canal Grande. Después de seis meses de investigaciones, y gracias al intercambio de información con la Policía italiana, en noviembre se detuvo a 100 usuarios españoles que ofrecían archivos con pornografía infantil a través del programa KAZAA. Entre los detenidos se hallaban 21 menores y algunas mujeres.

Posiblemente esta operación Canal Grande sea el origen de operaciones posteriores como la Operación Cerbero de 2005

a Guardia Civil, por su parte, en otra operación denominada “Hunter”, ha desmantelado una red de distribución de pornografía infantil por todo el territorio nacional, deteniendo a 29 de sus integrantes e imputando a otras 18 personas por estos hechos. Se ha desarrollado en 20 provincias, en las que se han llevado a cabo 43 registros e intervenido 60 ordenadores con miles de imágenes y vídeos de menores con contenido pornográfico y pedófilo. En ella han participado 21 Unidades del Cuerpo y más de 200 efectivos.

Los integrantes de la red también intercambiaban archivos con material pornográfico a través del sistema P2P, que permite acceder a través de Internet a los ordenadores de otras personas mediante el uso de claves previamente establecidas entre los diferentes usuarios.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de septiembre del pasado año, tras el análisis de la información obtenida por la Guardia Civil en anteriores operaciones contra la pornografía infantil llevadas a cabo en nuestro país. A raíz de dicha información se pudo averiguar la existencia de un grupo que se dedicaba a intercambiar archivos con pornografía infantil a través del sistema P2P, de uso restringido, al que sólo podían acceder los integrantes de la red.

Por un lado, agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada de Investigación Tecnológica de la Udev Central han detenido a 157 personas por su presunta implicación en delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores (tenencia y distribución de pornografía infantil a través de Internet). Durante esta operación, bautizada “Enea” y supervisada por el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, se han practicado 145 registros domiciliarios en 16 Comunidades Autónomas.

La investigación se inició en junio de 2004 a partir de datos obtenidos en el curso de las habituales relaciones de cooperación que mantiene la Brigada de Investigación Tecnológica con otras policías europeas.